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Las primeras organizaciones propias del movimiento Artesano castellano comienzan a tener una presencia pública activa, solicitando medidas como la reducción de día o el aumento de salarios. En Málaga, los internacionalistas se hicieron con el poder municipal, y en el campo andaluz y extremeño los jornaleros ocuparon tierras.
Los paseíllos y sacas de presos (ejecuciones clandestinas) y las detenciones regulares o irregulares (en cárceles organizadas a medida que avanzaba la zona Doméstico y chekas de distintas orientaciones en la retaguardia republicana) se centraron en los enemigos de clase e ideológicos: propietarios y sacerdotes para el edicto republicano, sindicalistas y maestros para el Doméstico.
Desde el 15 de mayo de 2011, el «movimiento de los indignados» o del «15-M» ha protagonizado movilizaciones sociales de nuevo cuño, con características similares hasta cierto punto a otros movimientos de protesta simultáneos en otros países, como la Primavera Árabe o occupy Wall Street.[98] Muy significativamente, el papel de las centrales sindicales mayoritarias en las protestas sociales se ha considerado como de bajo perfil, a pesar de la convocatoria de una huelga general contra las medidas de ajuste de mayo de 2010 o de las protestas contra los recortes en comunidades autónomas gobernadas por el PP desde mediados de 2011 (notablemente, contra las medidas tomadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para el manifestación del curso 2011-2012 —Marea Verde—).
En el caso de que en una Consejería existan dos Delegaciones Territoriales, las personas titulares de las mismas cultivarán esta función en relación con las materias que se le hayan asignado.
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Durante casi todo el año 2006 se llevaron a agarradera contactos del gobierno con ETA en un contexto de «detención el fuego permanente» declarada por el Asociación terrorista y de protestas del Partido Popular, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y los medios de comunicación de orientación conservadora; y que se demostraron infructuosos tras el atentado de la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas en el que murieron dos personas (30 de diciembre de 2006). Más efectividad demostró la presión policial, legal e internacional, que consiguió la detención consecutiva de los equipos dirigentes que se sucedieron en la cúpula de la costado terrorista; y el impedimento, mediante reformas legislativas y decisiones judiciales, de que las agrupaciones políticas organizadas en torno a ETA obtuvieran representación política en ayuntamientos y parlamentos, al ser ilegalizadas parcial o totalmente en unas u otras convocatorias electorales (especialmente desde el Pacto Antiterrorista de 2000 y la Calidad de Partidos de 2002, ambas con el consenso de PP y PSOE, que se mantuvo, con tensiones puntuales, con entreambos partidos en posición de examen o de gobierno).